¿Qué sanciones por incumplimiento normativo arriesga una empresa en Marruecos en 2026?

El Código General de Impuestos 2026 prevé un régimen gradual de sanciones, que castigan el incumplimiento de los plazos recordados en las obligaciones fiscales de una nueva sociedad:

• Presentación tardía de una declaración fiscal (IS, IR, IVA): recargo del 5 % si el retraso no excede de 30 días, del 15 % por encima y del 20 % en caso de imposición de oficio por falta de presentación, con un mínimo de 500 MAD (artículo 184); las declaraciones «sin movimientos» («néant») también están afectadas
• Falta de pago o pago tardío: penalización del 10 % (reducida al 5 % si el pago se produce en un plazo de 30 días), recargo del 5 % por el primer mes de retraso y, después, del 0,5 % por mes o fracción de mes adicional (artículo 208)
• Declaración insuficiente (infravaloración del resultado o del IVA repercutido) detectada en una inspección: recargo del 20 % de las cuotas regularizadas, elevado al 100 % cuando se acredita la mala fe (artículo 186)
• Facturas e identificadores: multa de 100 MAD por cada omisión o inexactitud del ICE en las facturas y declaraciones (artículo 198 ter); falta de presentación de los documentos contables llevados en formato electrónico durante una inspección: multa de 50.000 MAD por ejercicio (artículo 191 bis)
• Maniobras fraudulentas (facturas ficticias, ocultación): sanciones agravadas y acciones penales por fraude fiscal

A falta de presentación de la declaración tras un requerimiento, el artículo 228 del CGI permite a la DGI proceder a una tributación de oficio sobre la base de los elementos de que dispone; el artículo 229 prevé el mismo procedimiento cuando la sociedad se niega a presentar sus documentos contables o se opone a la inspección. Este procedimiento tiene graves consecuencias, ya que invierte la carga de la prueba. En caso de irregularidades graves, la administración puede, además, rechazar la contabilidad y reconstituir la cifra de negocios (artículo 213).

El artículo 211 del CGI y el artículo 22 de la Ley 9-88 imponen la conservación de los documentos contables y justificativos durante 10 años, período durante el cual la administración puede ejercer su derecho de control y de comunicación; estas normas forman parte de las obligaciones contables de las sociedades en Marruecos. Desde la ley de finanzas 2026, la contabilidad llevada en formato electrónico debe poder entregarse a la administración en forma de fichero de asientos contables conforme al dictamen n.º 24 del CNC. Cualquier incumplimiento puede justificar una reconstitución fiscal y sanciones complementarias.

Una sociedad que detecta un error o un olvido puede presentar una declaración rectificativa y pagar las cuotas antes de cualquier aviso de comprobación (avis de vérification): los recargos se limitan entonces a las penalizaciones por demora, sin el recargo por regularización tras inspección (redressement).

La afiliación a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Caja Nacional de Seguridad Social) se rige por el Dahir n.º 1-72-184 de 27 de julio de 1972 relativo al régimen de seguridad social. La sociedad queda afiliada en el momento de su creación; desde el primer asalariado, el empleador inscribe a cada asalariado y, después, declara los salarios y paga las cotizaciones cada mes a través del portal DAMANCOM, según las obligaciones del empleador ante la CNSS.

Los siguientes incumplimientos conllevan sanciones:

• Falta de afiliación del empleador o de asalariados (trabajo no declarado): reclamación de las cotizaciones eludidas con recargos, multas y acciones judiciales
• Falta de declaración o declaración tardía de los salarios: penalizaciones propias de la declaración
• Falta de ingreso de las cotizaciones dentro de plazo: recargos por demora calculados por mes de retraso y, después, cobro forzoso (requerimiento, apremio [contrainte], embargos)
• Declaraciones falsas: sanciones penales

En 2026, las cotizaciones sociales representan el 21,09 % para la parte patronal y el 6,74 % para la parte salarial, es decir, el 27,83 % en total, con un tope mensual de 6.000 MAD para las prestaciones sociales (baremo CNSS 2026), como detalla el coste de un empleado en Marruecos. Las cotizaciones no pagadas siguen siendo exigibles y los recargos se devengan hasta el pago completo, lo que agrava rápidamente una deuda social.

El incumplimiento del Código del Trabajo (duración del trabajo de 44 horas, SMIG de 17,92 MAD por hora en 2026, contratos, higiene y seguridad, período de prueba, indemnizaciones, registro de personal) se sanciona con multas, a menudo multiplicadas por el número de asalariados afectados, impuestas a raíz de los controles de la inspección de trabajo y, en los casos graves o en caso de reincidencia, con acciones penales contra el directivo.

El Código de Comercio (Ley 15-95) impone la inscripción en los tres meses siguientes a la constitución, las inscripciones modificativas para cualquier cambio y el depósito anual de los estados financieros (états de synthèse) en la secretaría judicial en los 30 días siguientes a su aprobación (artículo 95 Ley 5-96; artículo 158 Ley 17-95), vencimiento recogido en el calendario de obligaciones anuales de las sociedades. La falta de estas formalidades expone a los directivos a multas y hace que los actos no publicados sean inoponibles a terceros. El Código de Comercio prevé, por otra parte, supuestos de baja de oficio (radiation d'office) en el registro mercantil (artículos 54 a 57), en particular para una sociedad disuelta cuya liquidación no se haya cerrado tres años después de la mención de la disolución, o al cierre de un procedimiento concursal; una sociedad simplemente inactiva no se da de baja automáticamente.

La baja produce efectos graves (imposibilidad de ejercer la actividad y de actuar en juicio en nombre de la sociedad, bloqueo de las operaciones bancarias) sin extinguir por ello las deudas ni las sanciones. Una sociedad inactiva que deja de presentar sus declaraciones sigue, por otra parte, adeudando la cotización mínima y los recargos fiscales mientras no haya declarado su cese de actividad ante la DGI (en un plazo de 45 días, artículo 150 CGI) y obtenido su baja.

La Ley 5-96 (artículo 67 para la SARL) y la Ley 17-95 (artículos 352 y siguientes para la SA) prevén la acción de responsabilidad civil contra los directivos por culpa en la gestión, extralimitación de sus facultades, infracción de los estatutos o de la ley.

En caso de procedimiento concursal, el tribunal de comercio puede dictar una prohibición de administrar (inhabilitación mercantil [déchéance commerciale]) o una acción de cobertura del pasivo (action en comblement de passif) que ponga a cargo personal del directivo la totalidad o parte de las deudas sociales (Libro V del Código de Comercio). El directivo que tarda en declarar la cesación de pagos agrava su situación.